La consejera de Sanidad de Cataluña, Alba Vergés, fue la primera política española (aunque le pese, es el Estado español quien le paga) que se descolgó anunciando la eutanasia forzosa de ancianos en caso de coronavirus. Fuera de España, se habían manifestado en ese sentido responsables sanitarios holandeses y belgas. Pero, no nos engañemos, la condena a muerte de los ancianos con coronavirus era un hecho en España. ¿Qué hacer para evitarla?
En primer lugar hay que resaltar que las declaraciones de Vergés fueron publicadas el miércoles 1 de abril de 2020, pero las recomendaciones que pedían dejar morir a los ancianos llevaban fecha del viernes 24. En ellas se especificaba que a los mayores de 80 años solo se les debía aplicar durante 15 minutos una mascarilla de oxígeno Monaghan: la vida de un anciano vale 3 euros para esta señora.
Los argumentos de la recomendación son de lo más darwiniano-ley de la selva: calcular el número de años salvados (cuanto más joven, más elegible para auxiliar) y la probabilidad de recuperación: preferir al más sano. Exactamente lo contrario de la civilización que consiste en auxiliar al débil…
Por si el utilitarismo no fuera suficiente argumento, el gobierno regional catalán ha echado mano de la compasión para decir que los ancianos están mejor en casa (donde nadie los asistirá, claro). En este caso ha sido el consejero de de Trabajo, Bienestar y Familia, Chakir el Homrani (de origen marroquí, pero no por ello menos independentista catalán), quien aboga por cambiar la legislación y permitir que las familias se lleven los ancianos (enfermos o no) a casa: lo anunció el 26 de marzo, lo que destapa que (sin descartar que dentro del ensueño en que viven algunos haya una carga real de compasión), se trata de ocultar la responsabilidad de unos políticos que no habían dado a las residencias de ancianos material de protección (entendiendo por tal solo batas y mascarillas) más que en ese mismo fin de semana (el 26 era domingo).
En contra de la eutanasia impuesta desde el gobierno regional catalán, algunos médicos -el Sindicato Médico de Cataluña en concreto manifestó su consternación– han dejado claro que no aplicarán criterios de edad en los cuidados intensivos, y conductores de ambulancia precisaron que llevarán al hospital a los ancianos enfermos.
La realidad de los políticos que tratan de disfrazar de compasión su negligencia (o en todo caso, que caen en la irresponsabilidad de abandonar a los ancianos como fruto de lo que ellos creen compasión) es manifiesta en estas declaraciones de un estudiante de cuarto de Medicina, Nico Amich, publicadas por La Vanguardia el 31 de marzo.
No solo en Cataluña
Por una parte, hay que dejar claro que la política propugnada por el gobierno regional catalán parece ser la que se aplica en Holanda y Bélgica, como expongo en este vídeo.
Pero, sobre todo, que en la práctica, aunque sin declararlo abiertamente, se practica en Madrid y seguramente en otras muchas partes, aunque por el elogio que merece en general el personal sanitario no sea oportuno hacer caer esa sospecha sobre el colectivo. Pero algunos ejemplos pueden venir a cuento: el 20 de marzo, algunas organizaciones médicas citadas por 20 minutos -por no decir que este medio les hacía propaganda- hablaban del «valor social de la persona enferma«, y no del hecho de estar enfermo, como criterio para su ingreso en UCI.
Al margen de los partidarios de aprovechar la pandemia para aplicar sus criterios de eutanasia, insisto, la realidad es la marginación de las residencias de ancianos, equivalente a una condena a muerte de los contagiados. El mismo 26 de marzo en que la consejera catalana se descolgaba con sus declaraciones, El País afirmaba que en Madrid un grupo de geriatras decidía sobre los ancianos y excluía del ingreso a los muy frágiles y los «grandes dependientes»: era, pues, también una política impuesta desde arriba, pero no excluía por un estricto criterio de unidad.
Qué hacer
Ante la evidencia del descuido, obviamente se puede denunciar a los responsables de tantas muertes. El personal sanitario, como ya ha hecho, puede objetar frente a las «recomendaciones». Obviamente se puede reclamar protección desde las residencias, como se ha venido haciendo desde sus directivos: sin mucho éxito, pues ya el 18 de marzo el director de una residencia en Tomelloso hablaba de la muerte de 15 ancianos como de una película de terror.
Las ideas están claras desde el principio, pero no se quieren aplicar: la lucha contra la pandemia tiene tres patas: 1) identificación de los contagiados (test), 2) distanciamiento social y 3) protección de colectivos vulnerables. Solo al segundo se ha prestado atención. ¿Por qué? Para poder echar la culpa a los ciudadanos de su incumplimiento. Los test y la protección son responsabilidad del gobierno.
Con un retraso que los hace cada vez menos útiles para prevenir, se va dando pasos para hacer test. Las medidas de distanciamiento social son excesivas. Admitamos que los españoles no las cumpliríamos sin amenazas… Pero el ejército y la policía deberían buscar a los ancianos y vulnerables para protegerlos, más que pasear por las calles en busca de gente a la que poder colgar el sambenito de insolidario. Y esta es la gran negligencia.
¿Qué hacer? El secuestro protector que ya se probó eficaz en la pandemia de 1918 (la mal llamada Gripe Española, sobre cuyo origen escribí este libro) se puede llevar a cabo por los particulares, siempre hasta cierto punto, con el rigor que expone en este vídeo el ministro de Defensa de Israel. Hasta que pase el peligro: el distanciamiento social se relajará, pero en los ancianos y vulnerables debe prolongarse hasta que haya pruebas de que no van a contagiarse.
Tampoco es racional exponer exageradamente al personal sanitario. En un hospital de Nápoles está la prueba de que se puede manejar a los enfermos sin un solo contagio. Véanlo en este reportaje de Skynews.