Madrid, 18 de octubre de 2019. Santiago Mata.
La legislación española exige como condición previa para exhumar a Franco el permiso del prior de la Abadía del Valle de los Caídos. Así lo afirmó hoy en un coloquio en Madrid monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de la capital de España.
En dicho coloquio, el prelado matritense afirmó que la exhumación de Franco no es una profanación de un lugar sagrado, sino el traslado de una tumba, e insistió en que el prior del Valle de los Caídos no se opone a ella, y que dará el permiso cuando se cumplan ciertas condiciones legales que por ahora no se cumplen, entre las cuales citó el consentimiento de la familia del anterior Jefe del Estado.
Martínez Camino expresó su opinión en cuanto obispo, puesto que algunos acusan a los obispos españoles de callar ante una cuestión importante. Sin embargo, precisó que era su opinión personal y que no la expresaba en representación del resto de obispos.
«Yo soy amigo del prior Cantera y considero que lo está haciendo muy bien», precisó monseñor Martínez Camino. «Vuelvo a repetir: creo que el padre Cantera lo está haciendo muy bien. A él sus superiores le han dejado la responsabilidad de actuar. Y él ha asumido consciente, paciente y concienzudamente la responsabilidad que le corresponde. El Gobierno como saben ustedes ha pedido permiso a la autoridad competente, que es el prior del Valle de los Caídos, no un obispo, ni el obispo de Madrid, ni el abad de Solesmes. La autoridad competente para dar ese permiso que exige la legislación española, es decir los Acuerdos Iglesia-Estado, es el prior de Valle de los Caídos».
«El Gobierno, después de la sentencia del Tribunal Supremo, le ha pedido permiso. Y él ha contestado que no se lo da. Y si el Gobierno se lo ha pedido es que sabe que lo necesita. El padre Cantera ha dicho: ahora no lo puedo dar. El padre Cantera no se ha negado en absoluto a conceder el permiso cuando sea oportuno. Él sabe que el general Franco, que por cierto tiene la máxima condecoración que un pontífice da, que es la Orden de Cristo, y que nadie la ha retirado, y que tiene otras condecoraciones, por ejemplo: el general de los Jesuitas le concedió la Carta de Hermandad de la Compañía de Jesús, es decir, que Franco tiene todos los derechos de un jesuita aunque era laico. No se la han quitado. ¿Por qué? Porque por su actuación, gracias a que la revolución y la persecución religiosa terminó como terminó no sucedió [en España] como en la Unión Soviética.»
«Creo que tengo obligación de explicar un poco lo que es mi postura, que no es la de los obispos. En nombre de los obispos yo no hablo. El general Franco, según mis conocimientos, no pensaba ser enterrado en el Valle de los Caídos, sino junto a su esposa en El Pardo. En cambio, la autoridad del momento, el Rey y posiblemente el Gobierno escribieron una carta [al prior pidiendo permiso para] enterrarle en el Valle de los Caídos. La familia entonces no se opuso, es más, posiblemente no fue consultada. Fue una decisión del Gobierno de entonces, del rey de entonces.»
«Resulta que el Gobierno de ahora, la autoridad legítima que lo llevó allí, ahora quiere cambiarlo de sitio, y la familia se opone. Pero quien lo llevó allí no fue la familia, ni era la voluntad de él. Fue el Gobierno de entonces. El Gobierno ahora quiere cambiarlo de sitio y el abad, el prior, si no tiene ninguna razón de fondo grave, tiene que atender esa petición, porque quien se lo encomendó a su custodia, ahora le pide que se lo devuelva para enterrarlo en otro sitio».
«Por eso el prior dice que no piensa que sacar a Franco de allí sea una profanación de una tumba y no se va a negar a dar permiso al Gobierno para sacarlo de allí cuando se cumplan todas las condiciones legales. Esa es la condición y eso es lo que está esperando el prior, en contra de lo que dicen sus detractores por un lado y sus admiradores excesivos por otro, pensando que él se va a negar por principio. No se va a negar por principio. Lo dice la carta: Ahora no. ¿Por qué? Porque faltan determinados pasos jurídicos para que la decisión del Gobierno tenga todas las garantías de respeto a los derechos de la familia, de respeto a los Acuerdos Iglesia-Estado, y de respeto a los monjes, que según el Decreto actual del Gobierno tienen que sacar de allí a todos sus hermanos, que son 30 monjes que están allí enterrados. Mientras no se resuelva esto, el prior no concede [el permiso].»
«Los obispos, si no han intervenido no es por cobardía ni por tibieza. Es por no hacer lo que quieren los gobiernos actuales de meternos en la batalla política. Porque todo esto es un arma política inmediata, es una batalla política.»
